Representantes de tres importantes sindicatos estadounidenses enviaron una carta dirigida al secretario de Estado de los EE.UU. mediante la cual pidieron que su gobierno “utilice todos los mecanismos de política disponibles “para” hacer que Colombia cumpla con sus obligaciones internacionales laborales y de derechos humanos “, incluida la política comercial y la adhesión a la OCDE.

La misiva, firmada por Antony J. Blinken, Richard Trumka de la AFL-CIO, Mary Kay Henry de la SEIU y James P. Hoffa de la Hermandad Internacional de Camioneros, también indicó que el gobierno Biden debe pronunciarse públicamente en contra del uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones colombianas de Defensa.

“Dada la estrecha asociación entre los Estados Unidos y Colombia durante los últimos veinte años, incluso en lo que respecta a cuestiones de seguridad, Estados Unidos debe emitir una declaración pública clara denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y exigiendo la rendición de cuentas de quienes han perpetrado crímenes violentos contra manifestantes. Además, la Administración debería suspender de inmediato todas las formas de asistencia en materia de seguridad que no estén relacionadas con la capacitación en derechos humanos de la policía nacional y establecer puntos de referencia claros con plazos para las mejoras antes de que se pueda reanudar la asistencia”, indicó parte de la carta.

De acuerdo con UNI Global Union, los líderes sindicales del país señalan que el gobierno de Duque ha respondido a las manifestaciones populares generalizadas con una represión militarizada utilizando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), “una unidad con un historial de décadas de violaciones de derechos humanos”, agregó la organización.

De otro lado, también indicó que tras décadas de relaciones entre los sindicatos estadounidenses y el movimiento laboral colombiano, pudo notar que los sudamericanos ven la violencia reciente como parte de un “patrón trágico allí”.

“Los líderes sindicales y los activistas sociales todavía enfrentan habitualmente amenazas de muerte creíbles, incluso asesinatos, con impunidad, y el gobierno de Duque ha debilitado aún más la legislación laboral”, añadió.

Asimismo, Marcio Monzane, secretario regional de UNI Américas, se manifestó ante el tema diciendo:

“Nos sumamos al llamado a la acción del movimiento sindical estadounidense y creemos que es increíblemente importante para la Administración Biden defender la democracia y los derechos humanos en Colombia y en la región en general”.

Además, el líder sindical también aseguró a través de UNI Global que, “la violencia contra los manifestantes pacíficos es un reflejo de problemas profundamente arraigados en Colombia”, por eso señala que están de acuerdo con los estadounidenses en que “el presidente Biden debe buscar abordar la raíz de los problemas en lugar de los síntomas. Uno de los primeros pasos para lograrlo es que Colombia acepte la misión de investigación propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “.

El paro nacional en Colombia está por cumplir un mes desde que inició el pasado 28 de abril. En el marco de las manifestaciones se han presentado hechos violentos en los que, según la Fiscalía de la Nación, han fallecido por lo menos 43 personas, de las cuales “17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas”. Según la entidad, el mayor número de decesos ha ocurrido en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) con 11, entre ellos 8 en Cali, la capital y epicentro de las protestas en el país.

Además, el ente investigativo informó, el pasado 24 de mayo, que en una acción conjunta con la Defensoría del Pueblo “han encontrado a 290 personas que habían sido reportadas como no localizadas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sigue activo respecto a 129 solicitudes (de búsqueda)”.

A continuación la carta enviada al gobierno Biden: