El texto firmado tiene como objetivo fortalecer la verificación de antecedentes penales y psicológicos de quienes compran armas entre los 18 y los 21 años. Así buscan controlar la venta ilegal e intentan mejorar el financiamiento de programas dedicados a la salud mental.  

 

La medida, aunque es la más importante en esta materia en casi 30 años, se mantiene muy por debajo de las aspiraciones del mandatario estadounidense.

Tras ser aprobada esta ley, quedan habilitados 13.000 millones de dólares para los diferentes programas enfocados en prevención, verificación y salud mental, también destinado a los programas locales que tienen ciertos estados.

El acuerdo ya había sido aprobado el jueves por la noche por el Senado, un mes de la matanza de Uvalde (Texas), donde un joven irrumpió en una escuela de primaria y mató con un rifle semiautomático a 19 niños y dos profesoras.

La ley incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de “alerta de peligro” (“Red Flag”), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

En Florida, la ley exige tener al menos 21 años para comprar un arma de fuego, lo que significa un paso equis distante de la ley federal por adoptar.

Además, busca acabar con lo que se conoce como “el vacío legal del novio”, por el que hasta ahora si alguien es acusado de violencia doméstica sin estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el caso de las personas casadas.

Entre las restricciones estatales y locales que ya han sido desafiadas en cortes federales, está la prohibición de la venta de ciertas armas semi-automáticas, llamados rifles de asalto por sus opositores, y cartuchos de alta capacidad de municiones, así como los requerimientos de edad mínimos para comprar armas semi-automáticas.

Al margen de restringir ligeramente el acceso a las armas a determinadas personas y en según qué circunstancias, el acuerdo entre demócratas y republicanos incluye más fondos para recursos de salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas, dos aspectos en los que insisten los defensores de las armas cada vez que hay un tiroteo en EE.UU.

El suceso de Uvalde del pasado 24 de mayo estuvo precedido por otro tiroteo masivo en un supermercado de Búfalo (Nueva York), esta vez por motivos racistas, en el que un joven blanco asesinó a diez personas.

Nada más producirse la matanza de Uvalde comenzaron las negociaciones que han llevado a este proyecto, que fueron encabezadas por el senador demócrata Chris Murphy y el republicano John Cornyn, con el apoyo de los líderes de ambos partidos en el Congreso.

La aprobación definitiva en el Congreso se produce un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ampliara el derecho a portar armas al avalar que se puedan llevar en público.

En tanto, el fallo de la Suprema Corte, generó desazón entre los activistas contra las armas, pero que recibida con aplausos por los republicanos y el la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby defensor de las armas de fuego.

Eric Tirschwell, principal abogado litigante de Everytown Law, una organización sin fines de lucro, dijo que la Corte Suprema aplicó incorrectamente los principios constitucionales fundamentales y agregó que su grupo estaba “listo para ir a los tribunales” para defender las restricciones al porte de armas.

Pero, ¿Son suficientes estas medidas? ¿Es “la prevención y la verificación” la forma de evitar más tiroteos en la Unión Americana? ¿Cómo está la salud mental de los estadounidenses para dejarles la responsabilidad de tener un arma en su posesión?