Aunque la nueva regla de “carga pública” que propone el Gobierno es más relajada que el intento de 2019 de la Administración anterior, mantiene el principio marcado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que busca asegurar que los inmigrantes puedan valerse por sí mismos.

  

A pesar de que el nuevo reglamento propuesto no castiga la pobreza de las personas, sí mantendrá un marcaje en quienes abusen del sistema de ayudas sociales, es decir, que soliciten apoyos constantes y pidan beneficios económicos.

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está todavía por publicarse en el Registro Federal para los 60 días de comentarios públicos, adelantó el Gobierno.

El secretario Alejandro Mayorkas destaca que la regla busca no “penalizar” a las personas porque hayan solicitado “beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”.

Sin embargo excluye beneficios económicos sociales que podrían afectar las solicitudes de ‘green card’, al considerarse como elementos de “inadmisibilidad”.

Las ayudas económicas que darían puntaje negativo a los inmigrantes son:

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

• Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

• Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.

• La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico).

“El DHS propone definir ‘probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento’ como ‘probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia’”, indicó ese Departamento.

Es decir, la Administración Biden marca beneficios económicos durante largos periodos, incluidos seguro médico, pero también mantendrá la evaluación integral de los casos, donde se tomarán en cuenta otros elementos que podrían afectar las solicitudes de Residencia Permanente.

Por ejemplo, los oficiales migratorios evaluarán “en su conjunto” la aplicación de un no ciudadano por la ‘green card’, considerando ayudas sociales, además de su edad, estado de salud, su estado familiar y los recursos financieros con los que cuenta, así como su educación y sus habilidades en general, indica el documento adelantado por el DHS.

Es importante remarcar que esta regla todavía no está vigente, pues debe pasar un proceso administrativo de varios meses.

De hecho, una decisión de la Corte Suprema sobre la propuesta de la Administración Trump no tuvo efecto en Illinois, el único estado que aplica el reglamento anterior, de 1999, por lo que inmigrantes que viven en esa entidad no son “castigados” por recibir cualquier tipo de ayuda social, como cupones de alimentos o apoyo para vivienda.

“La regla de carga pública de 2019 disuadió a familias de buscar asistencia para alimentos y vivienda, y atención médica a las que otras familias pueden acceder sin temor”, dijo Militza Pagán, abogada del Shriver Center on Poverty Law. “Múltiples tribunales han dejado en claro que la regla cruel de la administración anterior era injusta e ilegal. La regla sugerida por el presidente Biden es un paso en la dirección correcta para poner fin al miedo y la confusión causados por la regla de carga pública de 2019”.

Whats-App-Image-2021-11-12-at-5-04-38-PM

2021-WEB-BANNER

2021-TOYOTA-WEB-BANNER