Un juez federal de EE.UU. ordenó este martes al Gobierno de Florida detener las represalias contra los reos que participan en una demanda sobre el castigo de confinamiento solitario al considerarlo “cruel y contra la ley”.

La demanda cuestiona el uso del aislamiento como castigo “inusual” bajo la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y una violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación.

El juez Martin A. Fitzpatrick ordenó al Departamento de Correcciones de Florida (FDC, en inglés) que detenga “las venganzas y las amenazas de venganzas” contra aquellos encarcelados que participaron en dicha demanda, conocida como Harvard contra Inch.

Los oficiales les negaron las necesidades básicas de comida y agua, los llamaron “soplones”, les exigieron saber qué le dijeron a sus abogados y amenazaron con agredirlos físicamente solo por ejercer sus derechos constitucionales al participar en la demanda, según el Southern Poverty Law Center (SPLC).

“La crueldad mostrada por los empleados de FDC debe cesar”, dijo en un comunicado Kelly Knapp, abogada del SPLC, uno de los grupos civiles demandantes junto con los Servicios Legales de Florida y el Florida Justice Institute.

Durante la audiencia, once reos en régimen de aislamiento testificaron virtualmente desde cuatro cárceles diferentes con grilletes alrededor de sus muñecas y guardias de la prisión al lado.

Hablaron sobre cómo los guardias los intimidaron verbal y físicamente porque hablaron con los abogados de la demanda colectiva y sus expertos.

Fitzpatrick, al fallar a favor de los demandantes, determinó que estos testigos proporcionaron un “testimonio creíble”.

Varios administradores y oficiales de prisiones testificaron en defensa del FDC, pero el juez sin embargo consideró que gran parte de ese testimonio era “no creíble”, “confuso” y “sin sentido”.

“El expediente establece que las represalias, el acoso y las amenazas de represalias continuaron” a pesar de un memorando de febrero de 2020 del secretario Mark Inch que prohíbe tal conducta, según el SPLC.

Como resultado, el magistrado Fitpatrick declaró que era necesario ordenar que “las represalias y amenazas de represalias de cualquier tipo relacionadas con la participación de un recluso en el litigio civil no serán toleradas”.

“Es una cuestión de justicia fundamental que cualquier persona que quiera participar en este caso pueda hacerlo sin amenazas y acoso del Departamento de Correcciones”, subrayó Knapp.

“Nuestros clientes, que ya están sufriendo porque la FDC los encerró en régimen de aislamiento durante largos períodos de tiempo, tuvieron que enfrentar amenazas y acoso por ejercer sus derechos constitucionales”, agregó. EFE