En enero de 2017, poco antes de dejar el Gobierno, Barack Obama canceló la orden ejecutiva que, desde la crisis de los balseros, había dado a los cubanos un estatus privilegiado para ingresar a los Estados Unidos siempre que fuera por un puesto fronterizo, no arriesgando su vida en el mar: conocida como “pies secos, pies mojados”. La norma garantizaba que el cubano que llegara, por ejemplo desde México, no fuera deportado a Cuba. Una vez en el territorio estadounidense, la Ley de Ajuste Cubano de 1966 le permitía solicitar la residencia permanente tras un año de espera.

Solo en 2016, el último año de gobierno de Obama, 50.000 cubanos ingresaron a los Estados Unidos de este modo. Pero la normalización de relaciones entre Washington DC y La Habana no permitía estos resabios de la Guerra Fría. El sucesor de Obama, Donald Trump, no hizo nada al respecto.

Si bien la cantidad de ingresos de este modo se redujo, sigue siendo significativa: se estima que más de 20.000 ciudadanos de Cuba entraron así en 2017, 2018, 2019 y 2020. Y muchos de ellos litigaron para no ser deportados y obtener un estatus legal.

Ahora, un novedoso fallo acaba de darles la razón. Tras ser elevado a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) por el mismo magistrado que lo emitió en Miami, podría beneficiar no solo a los protagonistas de este juicio sino a otros en su situación, y también a muchos inmigrantes de otras nacionalidades.

El juez Cole elevó su fallo a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), ente federal que podría llevar este derecho más allá de los litigantes, a muchos inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades

La clave es que los inmigrantes se hayan presentado a las autoridades migratorias y hayan sido liberados con una tarjeta de libertad condicional, el formulario I-94 o parole.

Aquellos que hayan cumplido ese proceso, si el BIA acepta el argumento del juez Timothy Cole, podrían estar en condiciones de solicitar una residencia si tienen un hijo o una hija de ciudadanía estadounidense y más de 21 años, o si está casado con un ciudadano o una ciudadana, o si es menor de edad no acompañado y solicita asilo, entre muchas otras circunstancias posibles. Y, en el caso de los cubanos, al amparo de la ley de 1966.

El fallo destacó que, como el caso en el que se expidió, en ese tribunal se tramitaban varios más, y que si bien “sería imposible predecir a cantidad exacta de solicitantes de admisión inadmisibles que han cruzado” las fronteras y fueron liberados como estos demandantes en una situación de parole, y potencialmente tendrían similares derechos en todo el país, “el tribunal cree que la cifra es grande”.

Agregó Cole: “El tribunal cree que el tema que ha resuelto es uno de importancia. Si el tribunal está en lo cierto en las conclusiones legales que ha sacado aquí, grandes cantidades de extranjeros en una situación similar buscarán adecuadamente ajustar su estatus en la Justicia o buscarán una extensión para ajustar su estatus ante USCIS”, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

“El argumento que se presentó al juez Cole, y se ha presentado a muchos otros jueces en todos los Estados Unidos, sostiene que el inmigrante que ingresa por la frontera sur, que se presenta automáticamente frente a un oficial, queda detenido y luego el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le da salida bajo palabra, técnicamente ha recibido un parole, en virtud del cual lo dejaron libre baja palabra”, explicó  la especialista en migraciones Claudia Cañizares.

“Esto no solo afecta a los cubanos sino a todos los inmigrantes, sean cubanos, hondureños, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, que haya entrado por la frontera sur y que en vez de dejarlos detenidos y darle una fianza, la autoridad migratoria toma la decisión de dejarlo libre bajo palabra”, detalló la abogada de Miami, quien lleva ya cuatro años consecutivos entre las diez mejores juristas de la Florida, elegidas por el American Institute of Legal Counsel.

“La sección de la ley que otorga a los oficiales la potestad de dejar a una persona libre bajo palabra o bajo fianza es la sección 212 (d)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés)”, agregó. Según el texto oficial, esa sección se basa en “una razón humanitaria urgente o en un beneficio público significativo” y ofrece lineamientos para que los oficiales puedan utilizar su criterio y decidir la libertad bajo fianza o bajo palabra de un inmigrante, debido a que “hay una emergencia nacional en la frontera sur donde los extranjeros ingresan a los Estados Unidos ilegalmente”.

El razonamiento que distintos abogados han presentado en distintos casos es el mismo: “Las autoridades no tienen otro poder fuera de la 212 (d)(5), y allí se les permite dejar a las personas libres”, explicó Cañizares. “Si lo hacen, corresponde reconocerle a esa persona su parole y, en caso de que sea candidata para solicitar una residencia, ya sea bajo el ajuste cubano o bajo la petición familiar de un esposo o un hijo mayor de edad ciudadano estadounidense, u otra fórmula, la persona puede ajustar su estatus”.

El fallo no es definitivo, aclaró la experta en inmigración. “El juez Cole ha creado un argumento, no un precedente, pero está exhortando al BIA para que acepte ese argumento. Pero él no tiene la potestad de decir que de ahora en más todo el mundo puede hacer lo que hacen las personas en el fallo”. Es decir que, por el momento, la decisión se aplica únicamente a las personas de la demanda.

—¿Qué sucede si la junta de apelaciones concuerda?

—El BIA podría demorarse un año en emitir una decisión sobre este fallo del juez Cole, pero, de ser positiva, hay miles de inmigrantes en Estados Unidos que fueron liberados usando ese sistema, y podríamos argumentar que tienen un parole y que entonces supróximo paso podría ser que pidieran la residencia. En el caso de los cubanos, podríamos aplicarles a muchos la Ley de Ajuste.

—Y más allá de los cubanos, ¿qué implicación tendría la decisión favorable del BIA, que es un cuerpo del Departamento de Justicia, es decir, federal?

—Si el BIA dice que esto es un parole, no solo los cubanos, sino toda aquella persona que esté en esta situación, podrían beneficiarse. Habría que ver cuántos inmigrantes ingresaron, se presentaron a las autoridades y los dejaron bajo palabra, ya que aquellos a los que inmigración no detectó no pasaron por este proceso. Muchas personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, mujeres que venían con niños o niños no acompañados, han quedado libres en esta categoría. Si por ejemplo una mujer ya hizo su vida aquí y está casada con un ciudadano estadounidense, podría solicitar una residencia permanente: las peticiones para ciudadanos son inmediatas.

El impulso de estas demandas ha sido principalmente cubano, porque la comunidad se vio afectada hace poco más de cuatro años por la decisión de Obama. “Pies secos, pies mojados” fue un decreto de Bill Clinton “para tratar de evitar que las personas se lanzaran al mar y se crease una situación como la que hubo en Guantánamo en el año 1994″, recordó Cañizares. “Si se rescataba al cubano en el mar, se lo devolvería a las autoridades de Cuba, pero el que entraba por un puesto fronterizo, con los pies secos, pedía asilo, se le permitía el ingreso y se le daba parole”.

La norma siempre molestó a La Habana, porque funcionaba en la práctica como un estímulo a la emigración desordenada, y dentro de los Estados Unidos era un despropósito, si se considera que el programa de lotería de visas, para todos los países del mundo, oscila entre 55.000 y 65.000 por año: poco más que la cantidad de cubanos que ingresó en 2016 por la frontera sur.

Pero también “hubo un poco de presión de varios países de América Latina por los problemas que causaba el flujo de cubanos que atravesaba América Central hasta México”, agregó la abogada: muchas veces la ruta comenzaba en Guyana, uno de los pocos países que daba visas a los ciudadanos de Cuba, y hubo situaciones críticas en Panamá y en Costa Rica.

Desde la década de 1970, los cubanos se han contado entre los primeros diez grupos en cantidad de inmigrantes a los Estados Unidos: en 2018 había 1,3 millones (el 77% concentrado en la Florida), es decir, el 3% del total de inmigrantes.

El fallo del juez Cole destacó que, como el caso en el que se expidió, en ese tribunal se tramitaban varios más, y que si bien “sería imposible predecir a cantidad exacta” de potenciales beneficiarios en el país, “el tribunal cree que la cifra es grande”

El problema de los más de once millones de extranjeros residentes sin documentos está entre los que deberá afrontar el nuevo Gobierno, y el 2 de febrero el presidente Joe Biden firmó tres decretos al respecto. “Biden ha dicho que quiere buscar una forma de legalizar al que ya está aquí, pero también va a poner mano dura en la frontera sur, al reconocer que ahí hay un problema”, evaluó Cañizares.

“Creo que él tratará de equilibrar las dos cosas para mantener al partido republicano en acuerdo con las medidas migratorias que tome”, analizó. “Su propuesta es muy ambiciosa, pero no va llegar intacta al final de las negociaciones en el Congreso. Probablemente vamos a ver en materia de migración algo similar a lo que pasó con la salud en el caso del Obamacare: el presidente propuso algo pero lo que al final se implementó fue muy diferente de lo que él originalmente había diseñado”.

Es posible que algunas situaciones que ya habían sido implementadas y se revirtieron o se limitaron, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS), se normalicen, y que se flexibilicen ciertas visas de trabajo y se cree algo similar a lo que George W. Bush implementó en 2001, un perdón con una multa para aquellas personas sin papeles que tienen familiares en los Estados Unidos y no han cometido delitos.