A los ya reiterativos llamados que se han hecho para lograr una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia (CIDH) en el marco del paro nacional, ahora se suma un nuevo pedido que aboga por la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) como herramienta para desescalar la difícil situación que atraviesa el país en materia de violencia.

La solicitud, dirigida al secretario general de dicha institución, Luis Almagro, la firmó un total de 503 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluidas 68 de corte internacional. En la misma, ofrecen detalles sobre las que consideran graves vulneraciones a los derechos humanos, por lo que se ven en la necesidad de invocar la Carta Democrática Interamericana.

A causa de esta última, los 2.300 firmantes —incluidos varios congresistas colombianos— le manifiestan a Almagro que resulta imperativo hacer una convocatoria “de manera pronta y con carácter de urgencia” al consejo permanente de la OEA para que este, a su vez, le llame la atención a las autoridades colombianas para que permitan la estructuración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el acompañamiento de la CIDH.

De igual forma, le piden al Consejo que en su reunión se tomen el tiempo para analizar las denuncias de homicidios, ataques contra la libertad de expresión, amenazas de muerte, violencia sexual y basada en enfoque de género.

En ese sentido, el documento presenta el siguiente conteo: “durante estos 29 días un uso desmedido de la fuerza y acciones reiteradas y masivas de brutalidad policial, reportándose al menos 43 ejecuciones por parte de la fuerza pública (cada 13 horas un manifestante asesinado), 715 personas han sufrido lesiones personales por el accionar desproporcionado de la fuerza pública (cada 46 minutos una persona herida), 96 agresiones a defensores de derechos humanos (cada seis horas una agresión), 1264 detenciones arbitrarias (cada 27 minutos una privación ilegal de la libertad y 21 víctimas de violencia sexual (1,1 víctimas cada día)”.

No sobra contrastar dichas cifras con las oficiales presentadas por el Ministerio de Defensa de Colombia, que habla de 1.065 civiles lesionados y otros 45 fallecidos, de los cuales 17 están directamente relacionados con la protesta. Igualmente, señalan que hay 1.102 miembros de la fuerza pública heridos y dos muertos. Esto, en un contexto de 10.414 actividades de protesta de todo tipo, que deja 1.190 intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 1.009 capturados, 116.078 comparendos y 157 investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública.

Con todo ello, y en paralelo, las ONG se dirigieron a la CIDH expresando su rechazo por la negación que hizo el Gobierno colombiano, el pasado 24 de mayo, a una posible visita de dicha Comisión al país y solicitando que, “dada la existencia de un cuadro de graves, persistentes y masivas violaciones a los derechos humanos”, incluya al país en el capítulo IV de su informe anual. Valga recordar que, dicho aparte de ese reporte aborda usualmente los avances, retos y en general el desarrollo que tienen los derechos humanos en países con situaciones delicadas, como Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Valga recordar que, el Gobierno nacional ha presentado un discurso confuso y contradictorio con respecto a las posibles participaciones de actores internacionales como garantes de los derechos humanos en el marco de la protesta. El caso más claro es el de la CIDH, que recibió repetitivas negativas a la mencionada visita por parte de varios funcionarios estatales, para posteriormente encontrarse con las declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

“Estamos listos para esa visita. Si ellos quieren venir y anticipar la audiencia del 29 de junio y la hacen mañana no tenemos ningún problema en que vengan al día siguiente a Colombia”, dijo la funcionaria el pasado 26 de mayo.

Así las cosas, el llamado de los defensores para los actores internacionales es uno muy claro: “proceder inmediatamente para que aborden con acciones concretas la grave situación de derechos humanos que vive Colombia”.