La Cámara de Representantes de Florida aprobó un proyecto de ley que endurece las políticas migratorias en el estado y ahora solo falta la firma del gobernador, Ron DeSantis, impulsor de esta polémica medida que ha recibido críticas desde el empresariado y la Iglesia católica.

La medida, que ya había sido aprobada por el Senado la pasada semana, prohibiría a las compañías de transporte, incluidas las aerolíneas, hacer negocios con el estado si reciben pagos del Gobierno federal para trasladar a esta región inmigrantes indocumentados.

La Cámara aprobó con 77 votos a favor y 44 en contra este proyecto de ley que DeSantis anunció en diciembre pasado tras criticar las políticas migratorias del presidente, Joe Biden, que incluirían el traslado de indocumentados a Florida.

DeSantis se ha mostrado como uno de los gobernadores más críticos con las políticas de Biden, especialmente en materia de inmigración y en las medidas para combatir la pandemia del coronavirus, y algunas de ellas llegaron a los tribunales con demandas presentadas por las autoridades de Florida.

El gobernador de Florida, un aliado del expresidente Donald Trump, ha sonado como posible aspirante a la nominación republicana a la Casa Blanca.

Este proyecto de ley ampliaría además la definición de “política de santuario” para evitar que se limite o prohíba que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.

Las agencias del orden que operan centros de detención deberán firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.

La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) condenó la aprobación de la medida, que “crea miedo e incertidumbre para una amplia gama de inmigrantes en Florida, incluidos los niños”.

Este proyecto de ley, apuntó ABIC, forma parte de una serie de medidas que DeSantis ha “diseñado trágicamente para librar a Florida de menores no acompañados y otros inmigrantes”, incluida una orden ejecutiva para bloquear las renovaciones de licencias de refugios para niños inmigrantes.

“La mentira de las acciones del gobernador, sostenida por la Legislatura estatal, es promover las ambiciones políticas de DeSantis usando dólares de los contribuyentes mientras todos los días los floridanos y los empleadores pagan el precio de su crueldad”, dijo Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action.

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